Criminalidad en el departamento de Sucre

Criminalidad en el departamento de Sucre analisis geografico
autor:MAURICIO GIOVANNY ORTIZ DIAZ

Introducción

El conflicto armado interno en Colombia es una guerra que se ha desarrollado desde la década de 1960. Los principales actores involucrados han sido el Estado, las guerrillas de extrema izquierda y grupos paramilitares de extrema derecha, como también algunos carteles del narcotráfico y otras bandas criminales. Esta guerra surge de un conflicto bipartidista que se gesta entre la década de los 40 y los 50, sin embargo desde esa época hasta hoy, son diversos los tipos de enfrentamiento que ha atravesado el país. Las principales causas de este conflicto se centran en la debilidad del Estado, la disputa por la posesión de la tierra, los marcados sectores sociales y económicos y la persecución de la población civil por su orientación política. Una cifra aproximada a la fecha nos indica que las víctimas de este conflicto han sido unos seis millones de personas. Estos grupos a lo largo de los años se han fortalecido y financiado por la corrupción de la clase política del país y sus alianzas para conservar el poder, lo que ha incrementado su actuación criminal.

De dicho conflicto se desprenden altos niveles de violencia que impiden generar condiciones de seguridad pública en Colombia, seguridad que nos costó años entender, era necesaria proteger por encima de la seguridad estatal en cuanto a combatir los actores opositores del conflicto. En razón a ello, el Estado Colombiano ha pretendido en disímiles oportunidades y gobiernos, negociar mediante acuerdos o pactos de paz con estos grupos armados; sin embargo como bien lo han advertido académicos y como lo ha denotado la historia, si este tipo de acuerdos “…No son manejados a partir de políticas públicas de reinserción social y de administración de justicia adecuadas, los procesos de reinserción de combatientes y de reconciliación social, luego de la culminación de conflictos sociopolíticos como el colombiano, pueden terminar siendo factores estimuladores de inseguridad pública, violencia y criminalidad.  El caso de Guatemala, El Salvador y en menor grado lo sucedido en Colombia con los grupos paramilitares es un ejemplo que puede citarse para ilustrar dicha problemática” (Moser y McIlwaine, 2005; Wielandt, 2006; Granada, Restrepo y Vargas, 2009; Grajales, 2011; Leal Buitrago, 2011; Prieto, 2013; Hochschild, 2015).

En este momento Colombia le aposto a decir sí a un plebiscito por la paz, motivo primordial por el que desde ya debemos analizar la política criminal actual y empezar a propender por refrendar el Derecho Penal y el Sistema Penal Colombiano, no para la aplicación de éstos sobre los actores del conflicto que llegaren a un acuerdo, pues en este punto tenemos claro que existe una Justicia Transicional trazada para cumplir dichos objetivos; sino más bien para combatir la criminalidad que a lo largo de los años ha afectado la seguridad pública en términos de delincuencia común y otros, y sobre todo la que puede aumentarse o no en el proceso del post-conflicto conforme al párrafo anterior.

Objetivo

Analizar la necesidad de la creación de una nueva política criminal, que parta de un modelo democrático y no arbitrario, en el que existan determinados límites garantistas penales y procesales, impuestos por el sistema político y jurídico después de un estudio dogmático de la realidad criminal del país, teniendo en cuenta la geografía del delito, el derecho al territorio, memoria espacial, su geohistoria,geografia del crimen y lo más importante la violencia del miedo, apuntándole a un Estado Social de Derecho determinado por nuestra Constitución Política en la que se propende ante todo por el respeto a la Dignidad Humana, reforzando así mismo principios como el de legalidad, culpabilidad, carga de la prueba, entre otros; y aplicando la geoprevencion, distinguiendo el derecho, la moral,  la pena y el pecado.

Problema Planteado

El Estado Colombiano como se demuestra mediante la geografía del delito, los estudios estadísticos criminológicos y de seguridad pública, ha creado políticas criminales unilaterales, sin criterios dogmáticos suficientes y producto de compromisos políticos y de presión social, que a la fecha no han dado una respuesta efectiva ni eficaz ante la criminalidad que se comete en el país, permeando así la seguridad pública a través de los años.

Argumentación

Fenómenos como el narcotráfico y otros de delincuencia común, han deteriorado la seguridad pública en Colombia, generando estadísticas preocupantes que perciben la elevación de índices de violencia contra la vida y otros derechos. Como lo enseña el análisis geográfico del delito del departamento de Sucre, en materia de inseguridad, ha seguido la tendencia del país, sin embargo en comparación con otros departamentos y con la nación, ha sido relativamente baja, lo que preocupa aún más si nos detenemos a pensar en cuánto pueden elevarse las estadísticas nacionales.

 Adicional a esto, “Las fuentes analizadas indican que el auge de los grupos paramilitares en la región y su desmovilización ha sido el factor que más ha incidido en los cambios en materia de seguridad pública registrados por Sucre en las últimas tres décadas.” (Reina Victoria Vega Vega, Enoin Humamez Blanquicett. Seguridad pública y criminalidad: el caso del departamento de Sucre en 2014), razón por la que es dable pensar que nos encontramos en la coyuntura perfecta para iniciar un nuevo proceso de creación de una política criminal, advirtiendo de antemano que conforme a este estudio y otros, la política criminal actual no responde a las necesidades criminales de Sucre ni del país.

Hallazgos y Conclusiones

·       Colombia se encuentra en un proceso de paz en el que es necesario entender que surgirá una coyuntura especial en el país denominada post-conflicto en el que el Estado Colombiano deberá de manera efectiva atacar la criminalidad y así mismo generar seguridad pública en la nación.

·       Durante los últimos años en Sucre se ha visibilizado la alta criminalidad que se comete en razón al narcotráfico y la delincuencia común como riñas entre pandillas, así como se enfatizó que después de la desmovilización de los paramilitares de la región se generaron cambios en materia de seguridad pública.

·       La seguridad pública debe entenderse como un servicio que brinda el Estado para garantizar la integridad, los bienes, la armonía y los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, y debe estar por encima de la seguridad que solo propende por el aumento de militancia y el ataque del opositor en el conflicto armado.

·       Es evidente estadísticamente que existe un modelo penal en la actualidad que no responde a la seguridad pública que requiere el país, pues Colombia ha creado políticas criminales unilaterales sin suficientes criterios dogmáticos que a la fecha no han dado una respuesta efectiva ni eficaz ante la criminalidad del país.

·       Es sumamente necesaria la creación de una nueva política criminal que vaya ligada a derechos fundamentales como limites, a través de los cuales se maximiza la libertad y se minimiza la arbitrariedad e impunidad de cara al Estado Social de Derecho que determina nuestra Constitución Política.

·       La variable espacial se ha convertido en un elemento importante para la comprensión de la violencia, así como la inseguridad lo es para el entendimiento de la ciudad. Hay una relación dialéctica con determinaciones mutuas con la organización Espacial.