Ejecuciones extrajudiciales y las ciencias forenses Por MAURICIO GIOVANNY ORTIZ DIAZ
Uno de los casos más graves en la
historia del país, en donde se vulneran los derechos humanos, son las
ejecuciones extrajudiciales que hubo en el periodo presidencial pasado, por
parte de las Fuerzas Militares a unos jóvenes que eran presentados como
guerrilleros muertos en combate; esto lo hacían con el fin de obtener algunos
de los beneficios que estaba entregando el gobierno, como asensos e incentivos
económicos. Aunque en otros países de Latinoamérica se presentaron ejecuciones
extrajudiciales por parte del gobierno a civiles, éstas constituían personas
que estaban en contra del sistema político establecido; en el caso de Colombia
y de éstas muertes mal llamadas “Falsos Positivos”, no es así.
Los lugares en donde
hubo más presencia de estos actos fueron en el departamento de Antioquia y en
Ocaña de Norte de Santander, aunque se presentaron casi en todo el territorio
nacional. Las víctimas en su mayoría eran de clase trabajadora y con necesidades económicas, por lo que era fácil
engañarlos prometiéndoles mejores oportunidades de trabajo. De esta forma, eran
trasladadas de su lugar de origen al lugar de la ejecución, por ejemplo en los
casos que hubo en Ocaña, las víctimas fueron reclutadas en el municipio de
Soacha, en el barrio Ciudadela Sucre y de allí fueron trasladadas creyendo que
iban a trabajar en fincas de narcos, según una declaración de la persona que se
encargaba de hacer los reclutamientos para los militares de Ocaña, Norte de
Santander.
Al parecer en esa
charla se acordó el reclutamiento de jóvenes del sur de Bogotá que serían
enviados con engaños a Ocaña, pues desde entonces empezaron las ejecuciones de
"rolos". Aunque no recuerda con precisión las fechas, cuenta que la
última semana de enero del año pasado llegaron los primeros tres jóvenes,
quienes creían que iban a trabajar como escoltas en el negocio de un narco. "Estoy
seguro de que uno se llamaba César". Al parecer, se trataba de Julio César
Mesa, quien según su familia desapareció de Soacha el 26 de enero. (Revista
Semana, 2009, párr. 13)
Con esta declaración
esta persona cuenta cómo iniciaron los reclutamientos en Bogotá para los falsos
positivos, así mismo, su testimonio fue una pieza clave para poder judicializar
a varios uniformados puesto que reconoció varias fotografías de jóvenes
entregados para falsos positivos, que se estaban investigando.
Estas personas eran
sometidas a tortura, desaparición y asesinato por parte de las fuerzas
militares, vulnerándoles el derecho fundamental a la vida, y además usando el
Derecho Internacional Humanitario para cobijarse de estos delitos de lesa
humanidad. Cuando algunos familiares de las víctimas vieron cómo sus seres
queridos aparecían en las noticias, como guerrilleros muertos en combate,
hicieron las respectivas denuncias; pero la respuesta por parte de los
militares era que habían sido asesinados
en el marco de un conflicto armado, en operaciones del ejército, y por ende,
estas personas se convertían automáticamente en combatientes y en un objetivo
militar, y el Derecho Internacional Humanitario los eximia de cualquier tipo de
responsabilidad. Algunos de los casos de ejecuciones extrajudiciales se
pretendió que se pasaran para la justicia especial para la paz, que se adelanta
gracias al proceso de paz que se firmó con el grupo guerrillero FARC, pero los
familiares de las víctimas y la fiscalía explicaron que esto no hace parte del
marco del conflicto armado sino que fueron asesinatos a sangre fría de personas
que se encontraban en estado de indefensión.
Lo más grave de estos
“supuestos operativos” es que los informes que presentaba el primer
respondiente (el militar al mando del operativo) no concordaban con el informe
presentado por parte de los investigadores de ciencias forenses. Además, los
informes entregados por los investigadores forenses, demostraban que era una
escena manipulada, por no decir falsa, puesto que existían muchas incongruencias.
El investigador
forense MAURICIO JAVIER VARGAS SÁNCHEZ quien ha ayudado en las investigaciones
de varios casos de falsos positivos declaró que las pruebas más relevantes de
estas escenas eran los informes de balística que presentaban los investigadores
forenses, puesto que se demostraba que eran montajes. Por una parte, los
“combatientes” reportados en los informes de los militares, portaban armas con
las cuales supuestamente habían atacado a las tropas; mismas armas que los
informes de balística demostraba que no habían sido disparadas por las
víctimas.
Asimismo, se demostraba que muchas de las
heridas de bala que habían recibido eran post-mortem, hecho que demostraba la sevicia
por parte de los militares, y por último, las heridas de bala que habían
recibido las víctimas no concordaban con los agujeros de sus ropas, e incluso
en algunos casos los victimarios ni siquiera se molestaban en hacer los
agujeros a las prendas, hecho que demostraba que los camuflados con los que se
reportaron como guerrilleros, no era la ropa con la que habían sido asesinados.
Estas son algunas de las pruebas presentadas ante la fiscalía para probar que
casos como el de WÁLTER JONY HENAO SALAZAR, un taxista de 31 años desaparecido
en el año 2007, eran asesinatos a sangre fría por parte de las Fuerzas
Militares y no bajas de enfrentamientos con la guerrilla.
Fotografía tomada de
la revista semana.
Esta fotografía es de una
ejecución extrajudicial, aparentemente muestra a un guerrillero muerto en
combate con el ejército, al lado de un camino, pero a simple vista se puede
apreciar que es un montaje porque la persona que está muerta en el suelo tiene
puestas unas botas que están completamente nuevas y para colmo al revés.
Por último, otra de
las pruebas que se reunieron en contra de los militares implicados en estos
asesinatos es el hecho de que los
cuerpos en donde se decía que habían sido de baja o el lugar en donde habían
muerto en combate, no era en realidad el lugar en donde habían muerto, según
los informes forenses habían muerto en otra parte y habían sido trasladados.
Desafortunadamente
muchos de los casos en los que se ha recolectado varias pruebas en contra de
militares que participaron en los “falsos positivos” han quedado en libertad
por vencimiento de términos, ya que no comenzaron las audiencias de
juzgamiento. Lo cual hace que los esfuerzos por parte de la fiscalía y de las
familias de las víctimas para lograr
justicia, sean prácticamente en vano. Pero gracias a los esfuerzos de los
investigadores forenses, los testimonios y los abogados de la fiscalía se pudo
demostrar que estos hechos tan atroces se estaban presentando en el país, y
además, varios uniformados fueron judicializados pagando penas de hasta 59 años
de prisión.
Bibliografía
Revista Semana.
(2009) “Entregué a más de 30 jóvenes para
falsos positivos” Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/entregue-mas-30-jovenes-para-falsos-positivos/101266-3
El Espectador,
(2017 11 de enero) “El DIH no es una licencia para matar”, Disponible en:https://colombia2020.elespectador.com/jep/el-dih-no-es-una-licencia-para-matar-consejo-de-estado
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